El derecho a saber
MIRANDO POR EL RETROVISOR
Por Juan Salazar
El pasado lunes, Martine Moise, la viuda del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise, pidió al presidente Donald Trump desclasificar los documentos que posee Estados Unidos acerca del magnicidio de su esposo, ocurrido el 7 de julio de 2021.
Jovenel Moise fue torturado y asesinado en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-Ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.
La viuda recordó, en un mensaje colgado en la red social X, que ese día a ella también le dispararon varias veces y la dieron por muerta, mientras sus hijos se refugiaban en otra habitación.
Confesó que, desde entonces, ha sido objeto de tres intentos de asesinato.
Quizás la petición de Martine Moise para que Trump ordene al FBI y al Departamento de Estado de EEUU desclasificar esos documentos no sea complacida porque apenas han pasado tres años del magnicidio, pero su clamor muestra cuan profundas pueden ser las heridas, sin importar el tiempo, que deja la impunidad en familiares y en las sociedades que también esperan respuestas.
En los países latinoamericanos resulta más difícil encontrar resolución a los anhelos de justicia, porque no está tan arraigada la cultura de desclasificar documentos secretos, como ocurre en Europa y Estados Unidos.
Aunque en esas naciones no hay afinidad en cuanto al plazo para dar a conocer al público esos documentos oficiales, si existe por lo menos la cultura de desclasificar, si no atentan contra la seguridad del Estado.
Francia tiene un plazo de 50 años, Alemania, Italia y Reino Unido, 30 años, y Estados Unidos establece tres niveles de 25, 50 y hasta 75 años, dependiendo si la información es confidencial, secreta y de alto secreto.
En República Dominicana tenemos esa arraigada costumbre de asimilar lo extranjero con facilidad. Se plantea que fruto de esa postura sumisa que nos legó el cacique Guacanagarix con su famoso “complejo” que ha pasado a la historia dominicana. Por esa razón celebramos “Black Friday” (Viernes negro), “Halloween” (Noche de brujas) y hasta “Thaksgiving» (Día de acción de gracias), aunque no tienen nada que ver con nuestra herencia cultural.
Una Ley de Secretos Oficiales consagraría el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos sobre crímenes que han estremecido a la sociedad.
Pero nos resistimos a imitar en aspectos positivos. Por ejemplo, adolecemos de una Ley de Secretos Oficiales, como la tienen otros países, o un mecanismo que permita divulgar después de cierto tiempo documentos oficiales sensibles.
Una ley de esa naturaleza consagraría el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos sobre crímenes que han estremecido a la sociedad, claro estableciendo las restricciones pertinentes, especialmente aquellas que realmente atentarían contra la seguridad del Estado.
Sería interesante conocer los detalles, por ejemplo, de crímenes de Estado cometidos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en el llamado período de “Los doce años” (1966-1978) de Joaquín Balaguer y en gobiernos más recientes que se pintaron como garantes de los derechos humanos.
Con una ley así, 55 años después, la sociedad podría saber, por ejemplo, todo cuanto envolvió la desaparición, con apenas 25 años de edad, del dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD), Henry Segarra Santos, el 25 de julio de 1969.
Cuarenta años después, la sociedad también conocería todos los detalles del secuestro, el 4 de enero de 1985, y posterior asesinato del casacambista, Héctor Méndez, y del chofer Napoleón Reyes.
Podríamos saber si los autores fueron policías o el llamado “Comando de la Libertad”, además de si realmente el asesinato de los hermanos Patricio y Etanislao de la Cruz Gálvez, el 10 de junio de ese mismo año, estuvo vinculado con ese crimen.
Con una cultura de desclasificación de documentos secretos en el país, quizás estaríamos a dos años de conocer todos los pormenores del asesinato del senador Darío Gómez, ocurrido la noche del 11 de diciembre de 2001 en una vivienda de Vista Hermosa, Santo Domingo Este.
Dos de los implicados, quienes cumplían condenas por otros delitos, lograron salir de la cárcel para participar en el asesinato. Se ignora cómo pudieron lograrlo. El principal imputado, Carlos Gerónimo Alfonseca, alias Carlos Collares, fue asesinado luego en la cárcel del 15 de Azua, al parecer una manera de silenciarlo para proteger a los autores intelectuales.
Su madre Delfina Martínez, cuando se cumplieron 21 años de crimen de Darío Gómez, lamentó amargamente que su petición a más de un gobierno para esclarecer el asesinato no haya sido atendida.
“Cuando los gobiernos no tiene la voluntad, no hay nada”, exclamó en esa oportunidad la dama, quien se quejó también de que los autores materiales estén presos, pero los intelectuales tranquilos durmiendo en sus casas.
A la sociedad se le debe también, 30 años después, un cierre definitivo, mediante desclasificación de documentos, de la misteriosa desaparición del catedrático universitario Narciso González (Narcisazo), el 26 de mayo de 1994.
Ni siquiera una Comisión de la Verdad, creada para arrojar luz al respecto, pudo desentrañar todas las versiones difundidas sobre la enigmática desaparición del educador.
Y estos son casos que por lo menos medios de comunicación se encargan de resucitarlos con notas periodísticas cada vez que se cumple un nuevo aniversario de esos sucesos.
En los casos de personas “sin arraigo”, rápidamente quedan enterrados para siempre, sin la más mínima posibilidad de que sus familiares mitiguen la pena que deja esa hidra de dos cabezas: Olvido e impunidad.
Si quiere un ejemplo, amable lector, ahí está el caso reciente de la joven Paula Santana Escalante, cuyo cadáver fue encontrado el 21 de febrero del año pasado, en una alcantarilla, próximo a una zona franca de Las Américas, donde laboraba. Ese caso se encuentra actualmente en un limbo jurídico.
Detalles de crímenes de personas con o sin arraigo se mantienen de por vida en secreto, no para garantizar la seguridad del Estado, sino para proteger «el buen nombre» y la «reputación» de autores intelectuales.
Quizás algún legislador, con ocasión del Mes de la Patria, se anime a someter al Congreso Nacional una Ley de Secretos Oficiales que también defina plazos y criterios para la desclasificación de documentos.
En medio de estas conmemoraciones patrias, recordamos que el prócer Juan Pablo Duarte sostuvo que “el crimen no prescribe ni queda jamás impune”, tras alegar que “El buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia a largo tiempo”. Y le añadiríamos que a corto plazo también.
No fue casualidad que el padre de la Patria, además, contempló nuestro Escudo con una Biblia abierta en el libro del evangelista Juan, capítulo 8 versículo 32, el cual reza: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
Familiares de víctimas de asesinatos atroces y la sociedad, merecen que se consagre por ley, sin más dilación, el derecho a saber, para sepultar tantos años de dolor acumulado, impunidad y olvido.
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