La casa de las pesadillas

 

MIRANDO POR EL RETROVISOR

Por Juan Salazar

A finales del siglo pasado, los grandes bancos comerciales iniciaron las ferias de vehículos, con atractivas tasas para personas o empresas interesadas en la adquisición de unidades nuevas y usadas. El año pasado un banco celebró su vigésimo novena edición de estos eventos y, la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), también organiza la suya cada año en la Ciudad Ganadera.

Los altos volúmenes de financiamientos expuestos al cierre de estas ferias y el crecimiento del parque vehicular año tras año, son el mejor indicativo del éxito que han alcanzado.

Pero luego los grandes bancos comerciales decidieron también realizar las ferias inmobiliarias, conscientes de que para muchas personas es una prioridad mayor tener un techo que montarse. Los dominicanos suelen expresar esas ansias y la importancia de tener una casa propia con frases tan elocuentes como: “Cuando tienes un techo propio, hasta si comes arroz con huevos eres feliz”. “El que vive alquilado, hoy paga la casa y al día siguiente ya la debe”.

Apelando a esos sentimientos, además de esas ferias, son profusas actualmente en redes sociales y vallas publicitarias las campañas de desarrolladores inmobiliarios que ofertan apartamentos y casas, con atractivos costos y condiciones de pago, con lemas como “La casa de tus sueños”, “El hogar a tu alcance”, “Tu casa en el lugar ideal”.

Lamentablemente, con esa abundancia de ofertas y oportunidades para obtener un techo propio, también se han incrementado las estafas inmobiliarias que tanto daño hacen a ese pujante sector de la economía, algunas bautizadas por el ministerio público con nombres tan pintorescos como “Nido”, “Paceo” (cualquiera que lo oye pensaría que es andar para distraerse o ejercitarse) y “Guepardo”.

Según el expediente del caso “Nido”, implicó la venta de más de 300 apartamentos en nueve proyectos inmobiliarios de forma fraudulenta, con una estafa aproximada de 700 millones de pesos. Los imputados ni siquiera tenían permiso de construcción y en algunos tampoco los documentos de propiedad del terreno.

La red logró vender a distintas personas las mismas unidades de apartamentos y comercializar también decenas de proyectos y unidades inexistentes.

Por el caso Paceo hay 17 querellas bajo investigación y, con respecto a Guepardo –qué pensarán los estafados de que haya sido bautizado así en honor al animal terrestre más veloz del planeta- la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana han identificado a 122 personas afectadas, incluyendo a residentes en el exterior.

La acusación indica que la red apelaba a métodos electrónicos para engañar a las víctimas, promocionando propiedades de lujo inexistentes. Y esos son los casos mediáticos, hay otros que no trascienden a la opinión pública.

Precisamente, al final de una audiencia del caso Guepardo en la provincia La Romana, escuché los lamentos de dominicanos de la diáspora que confesaron pasar por depresión, al ver frustrado su sueño de pasar la última etapa de sus vidas en el país, pero bajo un techo propio.

Hay que entender que cada nueva estafa inmobiliaria termina minando la confianza en los profesionales del sector. Hay que entender que cada nueva estafa inmobiliaria termina minando la confianza en los profesionales del sector.EXTERNA

Una dominicana residente en Estados Unidos declaró, sin ocultar su frustración, que más allá del aspecto económico, resulta difícil superar el golpe emocional de una estafa inmobiliaria. Y expuso su propio dictamen lapidario: Ninguna sentencia del caso le devolverá la confianza en el país y los sueños rotos.

Recientemente, escuché a la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, minimizando el impacto de las estafas inmobiliarias en el sector, bajo el argumento de que son pocas en comparación con los proyectos que se desarrollan en el país.

A mí me pasa con ese razonamiento igual que con los feminicidios, tan solo uno que ocurra hay que lamentarlo como si fueran miles. Y ella admite que las “denuncias” sobre estafas están generando incertidumbre en el mercado y afectando las ventas en el sector inmobiliario. Y sin dudas se refleja en el sector construcción, que creció apenas 0.9% en 2023 y 2.1% el año pasado, quedando por debajo de Agropecuaria, Explotación de Minas y Canteras, Manufactura Local y Manufactura de Zonas Francas.

La realidad es que no son solo denuncias, cientos de personas, no solo han perdido los ahorros de toda una vida y ver truncados sus sueños de tener un techo propio, sino que enfrentan los trastornos psicológicos y emocionales que acarrea la falta de respuestas de las autoridades, en la mayoría de los casos.

Quizás no se ha medido en su real dimensión la impotencia que provoca ver esfumarse de repente ahorros obtenidos con mucho sacrificio y la posibilidad de blindarse con un techo propio para enfrentar en mejores condiciones los vaivenes de la economía en la última etapa de la vida.

Los afectados con estafas inmobiliarias tienen que aprender a vivir con ese golpe económico y emocional, porque en la mayoría de los casos no logran recuperar el dinero invertido.

Las autoridades judiciales se excusan en la debilidad del Código Penal que contempla la pena irrisoria de dos años de prisión por estafa. Además, alegan para justificar su desidia, que están sujetas a la voluntad de las víctimas y demandados cuando logran acuerdos, pero resulta que esos pactos también son incumplidos por los imputados, quienes en muchos casos emigran a otros países para evadir una nueva demanda judicial y la obligación de resarcir a los afectados.

Si el demandante decide irse por la vía civil por considerarla más rápida, se encuentra con la imposibilidad de ejercer presión, porque la Constitución de la República, en su artículo 40, párrafo 10, establece que “No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales”.

Las autoridades gubernamentales, con la pobre supervisión del sector, y las judiciales, desvinculándose de esos casos y de la necesidad de que existan condenas ejemplares como disuasivo, olvidan que las estafas inmobiliarias terminan lacerando la seguridad jurídica, el Estado de derecho y la reputación del país en materia de inversión extranjera. Se convierten, además, en un desincentivo para dominicanos de la diáspora que anhelan invertir en su país.

Y hay otros aspectos más allá de las estafas inmobiliarias, también están los apartamentos y viviendas adquiridos en plano que no se entregan a tiempo. Otros proyectos al final no están acordes con las especificaciones plasmadas en el contrato, además de casos en que al poco tiempo afloran los vicios de construcción, especialmente las filtraciones y grietas.

Acoprovi prácticamente se lava las manos como Pilato. Sugiere a los adquirientes de unidades habitacionales elegir un constructor con reputación y trayectoria en el mercado, verificar la legalidad de la transacción y de los documentos de propiedad que posee el desarrollador, ponerse “mosca” cuando la propiedad esté significativamente por debajo del valor de mercado, desconfiar de ofertas de reducción del costo si se eleva el pago inicial y apelar a un asesor inmobiliario.

Aunque son válidas las recomendaciones, eso tampoco es una garantía de que se evite una estafa. Resulta que los estafadores visten de una impecable legalidad sus ofertas inmobiliarias, ahora con el uso de plataformas online, donde incluso muestran cómo estará el proyecto una vez terminado.

Hay que entender que cada nueva estafa termina minando la confianza en los profesionales del sector, porque una litis tediosa y larga termina de desangrar a los afectados con el pago de costosos honorarios judiciales.

Eso contribuye a que buena parte de los estafados terminen rindiéndose y dándolo todo por perdido.

El Estado no puede seguir indiferente ante este drama que padecen las víctimas de estafas inmobiliarias. Y expertos ya han planteado soluciones que deberían evaluarse seriamente y con prontitud, como implementar por ley el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, una propuesta que hizo la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana y que ha sido exitosa en otros países.

No hay que esperar a que llegue una nueva estafa inmobiliaria para actuar. Un prometido “hogar de tus sueños”, no puede terminar convirtiéndose en la “casa de las pesadillas”.