Acuerdos entre partidos reducen oportunidades de miembros

 

Por Vicente (Tony) Balbuena

El autor es miembro activo del CDP. CLD. SNTP.

Los acuerdos, a los que arriban partidos, agrupaciones y movimientos políticos independientes reconocidos por la Junta Central Electoral, JCE, por años han causado una gran amargura y reducido las oportunidades de empleos de sus dirigentes y miembros, cuando se logra ganar el poder palaciego, mediante alianzas.

Estos acuerdos han sido, y siguen siendo traumáticos para dirigentes y miembros de organizaciones políticas, que afanosamente buscan el poder, y que mediante la unificación de fuerzas políticas aliadas, logran concitar mayor porcentaje electoral numérico en elecciones municipales y presidenciales para su propósito. 

Un ejemplo más reciente, es el Partido Revolucionario Moderno, PRM, organización que dirige la administración pública de la República Dominicana, actualmente.   

El PRM, desde su ascenso al poder en el 2020, ha sido un trago amargo para un importante segmento de su militancia, que trabajó sin descanso para sacar del poder a Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y aún se mantiene en la banca, esperando y clamando por una gota de las mieles del poder.

Invirtieron tiempo y dinero, pero a la fecha no han sido recompensados e incorporados a funciones públicas en ministerios e instituciones estatales. 

A casi cinco años de su arribo al poder en los pasados comicios del 5 de julio de 2020, y luego en su reelección de 2024, el PRM, por más quejas y denuncias en los medios de prensa y plataformas digitales, no ha prestado atención a los reclamos de su gente.

Miles de sus dirigentes y miembros del PRM, han sido sedados con una anestesia prolongada, que los mantiene dormidos y sin esperanzas.

Los desertores del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que decidieron formar el PRM, en busca de un mejor futuro político y de su bienestar personal, miles en las 32 provincias de la nación, sin apellidos sonoros, continúan clamando oportunidades de empleos en su gobierno en base a promesas y ofrecimientos sustentados en columnas al aire, que no se materializan.

Esto, porque las oportunidades de empleos en sus organizaciones de orígenes, son destinadas a dirigentes y miembros de otros partidos políticos minoritarios o más bien (muletas), que aprovechando la Ley 33-18, sobre alianzas y acuerdos de la Junta Central Electoral, JCE, se apoyan en partidos mayoritarios, con mayores posibilidades de salir airosos en procesos electorales.

Los acuerdos formalizados y firmados, mediante firmas de reputados abogados notarios públicos y certificados por la JCE, conllevan entre organizaciones, al otorgamiento de instituciones, ministerios y cuotas de empleos en la administración pública nacional, a los llamados aliados. 

Lo penoso de estos acuerdos, o alianzas, es que quienes menos votos directos aportan en beneficio del partido, movimiento o agrupación política ganadora de las elecciones, son en muchos casos quienes mayores beneficios reciben.  

Una, de varias formas para evitar y eliminar, estos acuerdos contemplados en la Ley 33-18, sería despojando definitivamente de la personería jurídica, a los partidos, movimientos y agrupaciones, que no hayan mantenido la cuota del 5% de los votos electorales de la población nacional. 

Si la Junta Central Electoral, JCE, modifica la Ley 33-18, y solo permite alianzas y acuerdos entre partidos, que hayan obtenidos el mínimo del 5 % de los votos de la población, se reduciría el número de acuerdos en las boletas municipal y presidencial, y por lógica ahorraría millones de pesos en los procesos electorales, que se realizan cada cuatro años en la República Dominicana.