A conjugar más el verbo “resolver”

 MIRANDO POR EL RETROVISOR

Por Juan Salazar 

Quienes ejercemos la comunicación social estamos compelidos a usar con frecuencia algunos verbos que nos ayudan a plasmar sentimientos, reclamos y anhelos sociales. “Exhortar”, “sugerir”, “pedir”, “denunciar”, “reclamar” “deplorar”, “rechazar”, “instar”, “llamar” “advertir”, “recordar” y otros que integran una larga lista, sirven para adornar nuestras noticias y titulares.

Que estos verbos sean conjugados por quienes sufren por problemáticas sociales y esperan soluciones, resulta entendible. Lo inconcebible es que las propias autoridades apelen a ellos, con todos los recursos humanos y logísticos para actuar.

Un Estado, como he planteado anteriormente, donde se conocen hasta el hartazgo sus males y soluciones diagnosticadas, pero que apela constantemente a las excusas o a culpar a gobiernos anteriores por la falta de respuestas.

Con dos episodios lo vimos la semana pasada. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) exhortó a los conductores de vehículos de carga a circular de manera obligatoria por el carril derecho en todas las autopistas y carreteras del país

Penoso que esa institución estatal “exhorte”, cuando dispone de toda la autoridad y recursos para hacer cumplir las disposiciones de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sin exclusiones ni privilegios.

La realidad “monda y lironda” es que el tránsito y transporte de pasajeros se han convertido en un caos que amerita una actitud firme y decidida del Estado para encararlo, sin apelar a tantos verbos paliativos y maquilladores de la incompetencia gubernamental.

El segundo episodio, con conocimiento de causa, fueron las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien considera que la salud mental "dejó de ser una prioridad hace muchos años".

Algunas aclaraciones al respecto son necesarias. Ni siquiera la salud en sentido general ha sido una prioridad en el país por el bajo presupuesto asignado. Y mucho menos la salud mental que recibe una parte mínima de esos magros recursos.

Lo que sí recibió la salud mental fue una mayor atención en gestiones anteriores, pero tampoco como una prioridad por las limitaciones económicas.

Se instalaron las unidades de intervención en crisis en los principales hospitales, uno de los mejores centros para tratar adicciones en el hospital Francisco Moscoso Puello, donde también funcionó un hospital de día. El segundo hospital de este tipo se puso en servicio con el centro RESIDE en el sector La Nueva Barquita.

Se cerró el manicomio del kilómetro 28 de la autopista Duarte para dar paso a un Centro de Rehabilitación Psicosocial y se definió un Plan Nacional de Salud Mental (2019-2022), con novedosos programas y políticas públicas, pero que no ha sido actualizado.

El descuido vino tras la pandemia del Covid-19, pese a que profesionales de la conducta y organismos internacionales advirtieron (ese verbo que muchas veces funciona como clarinada) sobre un deterioro de la salud mental postvirus.

Las razones que esgrimieron fueron que una gran cantidad de pacientes abandonaría sus tratamientos y otros debutarían con condiciones mentales, fruto del encierro, contagios y muertes, así como por los estragos económicos que generó la pandemia.

Lo lógico era centrarse en enfrentar la pandemia del Covid-19, pero una vez superado el virus, retomar todo lo que quedó en carpeta, especialmente la atención en salud mental con enfoque comunitario, llevando esos servicios a los centros de atención primaria y creando más hospitales de día como RESIDE.

En lo que sí estoy totalmente de acuerdo con la ministra Faride Raful es con su planteamiento de que el país enfrenta una gran deuda social en la creación de espacios accesibles para la atención preventiva y gratuita en materia de salud mental.

Los recientes sucesos que espantan a la sociedad, especialmente de padres y madres que matan y maltratan a sus propios hijos, son ahora la mejor motivación para brindar una mayor atención a la salud mental, sin más excusas ni dilaciones.

Claro, esa motivación para actuar siempre la hemos tenido con los suicidios, esa realidad tan desgarradora que hemos ignorado, pese a que en el país se han registrado en la última década un promedio de 600 por año.

Hay zonas atiborradas de desperdicios al lado de mensajes que exhortan a "no tirar basura".

El Estado ha sido permisivo, indiferente y hasta violador de las normas que crea. Eso genera en la población una actitud similar, porque siente que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal han perdido la autoridad moral para reclamar respeto.

Los ciudadanos se parquean al lado de un letrero de “no estacione”, tocan las bocinas donde dice “silencio hospital”, abordan personas en sus vehículos frente a una señal de “no pasajeros” y se puede ver una zona atiborrada de desperdicios al lado de un letrero que reza “No tire basura” (vea la imagen que acompaña a este escrito).

Imagínese, amable lector, cómo sería el país en materia de convivencia y respeto, si en lugar de exhortar a los “ciudadanos” a cumplir con esas normas, aplicáramos la máxima latina "Dura lex, sed lex" (La ley es dura, pero es la ley).

Si los dominicanos que emigran a otras naciones se ajustan de inmediato a sus normas, porque de lo contrario enfrentan el rigor de las leyes, por qué resulta tan difícil que lo hagan en su propio país al que deben amar y cuidar.

Los funcionarios deben entender que resulta un ejercicio inútil apelar a todos esos verbos que cité al principio del artículo, si realmente se aspira a ponerle fin a la cultura de violaciones a las leyes y la impunidad que predominan en el país.

Nuestra propia Constitución de la República es el mejor ejemplo. El artículo más ignorado y violado es el 39 que consagra el derecho a la igualdad y el cual transcribo a continuación: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

En el Estado “desde hace muchos años”, “resolver” debería ser el verbo más conjugado, si no queremos que nuestra Constitución y la retahíla de leyes que tenemos, sean simples “pedazos de papel”.