El divorcio entre la justicia y la salud mental

 MIRANDO POR EL RETROVISOR

Por Juan Salazar 

Cada día son más frecuentes los casos de crímenes y delitos en que se alega como razón una condición de salud mental del imputado. Lo vimos el mes pasado cuando el joven Jean Andrés Pumarol Fernández mató a una mujer e hirió a otras cuatro personas en un condominio del Ensanche Naco de la capital. Y la semana que concluyó ayer con el caso de una haitiana acusada de causar destrozos en la Vía Sacra de Higüey, provincia La Altagracia.

Cuando ocurren hechos en que abogados de imputados alegan un trastorno mental, de inmediato surge la siguiente duda: ¿Será real o se trata de un ardid para evadir la justicia?

A la justicia corresponde el reto de determinar si la persona es inimputable y qué hacer con ella luego de llegar a esa conclusión. Jueces, fiscales y abogados, apoyados por psiquiatras y psicólogos forenses, están en el deber de aplicar una justicia basada, no solo en el derecho, sino también en la condición de salud del imputado.

Lamentablemente, en el país, contrario a otras naciones que exhiben avances ostensibles en ese sentido, no hemos creado las condiciones para despejar de toda duda una decisión judicial cuando se alega una condición de salud mental.

El primer fallo comienza con el ministerio público, que asume el caso como si fuera uno ordinario. Solicita prisión preventiva como medida de coerción y, si el juez la concede, el imputado permanecerá ese tiempo encerrado con imputados de crímenes y delitos “normales”, cuando lo justo sería tener primero una evaluación y diagnóstico de un psiquiatra forense.

Por esa razón, el sistema judicial dominicano requiere con carácter de urgencia la construcción de un hospital forense, un centro médico especializado en la atención y tratamiento de personas involucradas en procesos judiciales, especialmente en la investigación de muertes sospechosas o violentas.

Esos imputados no irían a cárceles comunes, sino a un entorno seguro donde recibirían atención médica y psicológica bajo la vigilancia judicial, mientras se decide cómo manejar el caso.

Un centro de este tipo brindaría evaluación, diagnóstico y tratamiento a personas con trastornos mentales involucradas en procesos judiciales, tanto víctimas como victimarios.

Pero también realizaría las evaluaciones periciales que determinen la capacidad mental del acusado, la credibilidad de los testigos y veracidad de determinadas pruebas que ameritan ser sometidas al escrutinio forense, para de esa manera sustentar las decisiones de los tribunales.

El objetivo es determinar, no solo si un acusado actuó con conciencia al cometer un hecho punible, sino también si está en capacidad de enfrentar un proceso judicial.

Todo ese proceso se encararía respetando los derechos humanos de los imputados bajo esta condición, incluidos los de confidencialidad y privacidad.

La opinión de un psiquiatra forense es muy valorada durante el proceso para determinar, primero la capacidad del acusado para comparecer ante un tribunal, y segundo, cuál era su estado mental real cuando cometió el delito.

Ahora que está en el debate la necesidad de que futuros profesionales incursionen en carreras y especialidades apartadas de las tradicionales, se requiere crear las condiciones e incentivos para que psiquiatras y psicólogos incursionen en el área forense.

Un psiquiatra general podría realizar esta labor médico-legal, pero lo ideal es que sea un profesional especializado en esta área. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) podría realizar un valioso aporte en ese sentido, otorgando becas internacionales para estudios de postgrado en esta especialidad.

Un hospital forense-docente, además, formaría y capacitaría constantemente a los profesionales de la conducta humana, quienes, con un campo de ejercicio asegurado y atractivos salarios, se sentirían motivados a incursionar en esa especialidad.

En países desarrollados, donde existe también la figura del jurado, los psiquiatras forenses acuden como testigos a los juicios para sustentar sus evaluaciones previas. Su opinión es muy valorada durante el proceso para determinar, primero la capacidad del acusado para comparecer ante un tribunal, y segundo, cuál era su estado mental real cuando cometió el delito. Las conclusiones independientes de estos especialistas se toman muy en cuenta al momento de emitir una sentencia o veredicto.

El otro aporte de un hospital forense y los profesionales en esa área es qué hacer con una persona declarada inimputable por su condición mental. No se trata de una libertad pura y simple, brindando la oportunidad de volver a las calles a reincidir. Se requiere un seguimiento en la atención y el tratamiento, incluso con una permanencia prolongada en el hospital forense, hasta garantizar su reinserción social, sin que resulte un peligro para la convivencia humana.

En esta etapa, la contribución de los psicólogos forenses sería igual de valiosa, trabajando junto a los jueces de la ejecución de la pena para prevenir la posibilidad de la reincidencia.

Como una persona podría adquirir la enfermedad psicológica después de ser condenada por un crimen o delito, los aportes de los psiquiatras y psicólogos forenses no se limitarían al hospital especializado, sino que también irían con regularidad a cárceles del viejo y nuevo modelo penitenciario para evaluar, diagnosticar y tratar a reclusos sospechosos de padecer trastornos mentales.

Enviar a una cárcel regular a una persona que padece un trastorno mental agravaría su condición, especialmente asumiendo ese criterio tan errado de que la condición de enajenado jamás exime de la responsabilidad penal.

Cualquier persona podría ser excusada de un hecho punible si debido a una enfermedad mental, desconoce las implicaciones del acto que cometió o las consecuencias de no ajustar su conducta a las disposiciones de una ley.

Y en casos como el del condominio en el Ensanche Naco y el de la haitiana en la Vía Sacra, una condición mental no debería ser un alegato exclusivo de abogados defensores. Jueces y fiscales podrían asumirlo también, porque al final impartir justicia no se trata exclusivamente de resarcir a la sociedad por el daño causado.

Incluye también subsanar ese divorcio que históricamente ha existido entre justicia y salud mental.