“¡Tránquenlo en el manicomio!”

 MIRANDO POR EL RETROVISOR

Por Juan Salazar

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa impulsada a partir de 1992 por la Federación Mundial de Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La fecha ha sido instaurada para concienciar a escala planetaria sobre los problemas de salud mental y movilizar esfuerzos de los países para apoyar a las personas afectadas.

El tema elegido en 2025 ha sido "Acceso a los servicios de salud mental durante catástrofes y emergencias", para destacar la importancia de salvaguardar la salud mental tanto de las comunidades afectadas como de los profesionales de la salud que realizan una valiosa labor bajo estas circunstancias.

Un vistazo a los temas seleccionados en el lustro pasado nos ofrece una visión de las preocupaciones de ambas entidades en cada fecha conmemorativa: “Salud mental para todos. Mayor inversión – mejor acceso” (2020); “Salud mental en un mundo desigual” (2021); “Que la salud mental de todos sea una prioridad mundial” (2022); “La salud mental es un derecho humano universal” (2023) y “La salud mental en el trabajo” (2024).

Si nos detenemos en las palabras claves de esos temas notaremos que en República Dominicana se ha hecho muy poco para concretizar esos anhelos que permitan mejorar la asistencia en salud mental.

Carecemos de una mayor inversión en el sector; persisten la desigualdad, el olvido, la falta de empatía y el estigma, especialmente con los enfermos mentales deambulantes; todavía no terminamos de asumir la salud mental como una prioridad nacional; cada día se violan los derechos de personas con trastornos mentales, y poco se hace para fomentar entornos de trabajo seguros y saludables.

Sobre el tema del presente año, históricamente, cuando encaramos catástrofes naturales y emergencias, la asistencia se vuelca mayormente en ayuda material. En pocos casos –la tragedia en la discoteca Jet Set quizás ha sido una excepción- se piensa en la salud mental de las familias afectadas.

Un detalle positivo a destacar en 2025 ha sido el interés de diversos sectores por la salud mental, con el incremento de las voces que ahora se levantan para demandar un mayor compromiso, no solo estatal, sino de la sociedad en su conjunto, para un sector tan olvidado y discriminado.

Ya no hay pocos quijotes atacando molinos de viento y escasas golondrinas afanándose por hacer verano.

Muy loable incluso que, el pasado viernes, se iniciara en el país un foro internacional sobre salud mental y sistema penitenciario, con la intención de abordar temas sobre la atención en esa área a privados de libertad. Un dato revelador en la apertura del foro es que el 90% de los reclusos adquieren una condición de salud mental solo por el hecho de estar encerrados, debido a las condiciones ominosas en las cárceles del país.

Una medida, además, con excelentes resultados ha sido establecer una línea telefónica los siete días de la semana, hasta la medianoche, para asistir a personas con pensamientos e ideas suicidas. Con tantos profesionales de la salud mental anhelando un empleo, el Ministerio de Salud Pública pudiera contratarlos para brindar ese servicio las 24 horas del día. Una cantidad considerable de suicidios ocurren en horas de la madruga, con personas bajo depresión y ansiedad, condiciones exacerbadas por trastornos del sueño.

Me consta también el trabajo que realizan las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) en las demarcaciones donde tienen incidencia para la promoción de la salud mental y generar entornos saludables, especialmente en las escuelas y liceos públicos.

En el presente año escolar se ofreció una charla dirigida a educadores bajo el título “Docentes saludables, aulas saludables” y otra dirigida a los estudiantes sobre “Manejo emocional y salud mental”. En los centros educativos estamos más llamados a sembrar salud mental para cosechar en el futuro ciudadanos capaces de manejar sus emociones y de desarrollar la resiliencia tan necesaria para enfrentar la adversidad y estresores de la vida.

Con ese mayor foco que la sociedad pone actualmente en la salud mental, ¿Qué nos falta para convertirla realmente en una prioridad nacional?

Primero está la deuda social que tenemos con los enfermos mentales deambulantes. Cada vez que se observa a un paciente en condiciones críticas desplazándose por las calles y avenidas del país –maloliente, andrajoso y hasta agresivo por la falta de un diagnóstico y tratamiento- el clamor casi colectivo es “¡tránquenlo en el manicomio!”.

Hay que dejar de ver al enfermo mental como un bicho raro sin derechos.

Quienes así reaccionan anhelan incluso la reapertura del manicomio del kilómetro 28 de la autopista Duarte que, en una valiente decisión del Estado dominicano, fue cerrado para acoger una recomendación de la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, realizada en noviembre de 1990, en Caracas, Venezuela.

La declaración final de esa histórica conferencia planteó que la atención convencional, basada en un hospital psiquiátrico como única modalidad asistencial, solo contribuye a aislar al enfermo de su entorno comunitario, generando así mayor discapacidad social, además de condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo.

Quienes despotrican contra el cierre del manicomio del 28 e incluso sugieren construir tres grandes hospitales psiquiátricos regionales, ignoran que allí funciona ahora un Centro de Rehabilitación Psicosocial, donde los pacientes reciben un trato muy alejado de la etapa manicomial que debería quedar solo como un triste recuerdo de la asistencia deshumanizada a los enfermos mentales. No estoy rotundamente opuesto a esos centros, siempre que el encierro no sea su principio cardinal.

Un empleado abraza a un usuario del Centro de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, donde antes funcionaba el clausurado manicomio.

Un empleado abraza a un usuario del Centro de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, donde antes funcionaba el clausurado manicomio.JORGE CRUZ/LD

La actual fecha conmemorativa es oportuna para recordar también que, en la citada Declaración de Caracas, se exhortó a los países participantes, no solo a eliminar los manicomios, sino a destinar mayores recursos financieros y humanos a la salud mental.

También a proveer una atención en salud mental más equitativa, respetuosa de los derechos humanos, íntimamente ligada a la atención primaria de la salud, descentralizada, accesible, continua y preventiva.

Con el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional, vía el Senado de la República, para modificar la Ley 12-06 de Salud Mental, tenemos la oportunidad de alcanzar el tan soñado objetivo de una atención en salud mental con enfoque comunitario. Claro, si la aprobamos para aplicarla.

El proyecto bajo estudio en la cámara alta, con algunas novedades, plasma la mayoría de las políticas públicas contenidas en la anterior Ley 12-06 y otras del caducado Plan Nacional de Salud Mental (2019-2022), pero que nunca se aplicaron, como las viviendas tuteladas, residencias de acogida, hogares de paso, más hospitales de día y programas de inserción laboral.

Se requieren también más camas en las unidades de intervención en crisis (UIC), desbordadas por la demanda de asistencia, especialmente después de la pandemia del Covid-19, y abrir otras en lugares donde no existe ese servicio.

Como plantea la nueva norma bajo estudio en el Senado: Todas las personas que padecen trastornos mentales tienen derecho a recibir atención integral, humanizada, adecuada y de calidad en los servicios de salud mental, tanto públicos como privados, y en todos los niveles de atención. Además, a no ser discriminadas o estigmatizadas por su condición.

No convirtamos la salud mental en una moda. Como país asumamos el compromiso real de convertir el sector en una prioridad nacional.

Una mirada al lustro pasado con los temas en fechas conmemorativas y a la Declaración de Caracas de hace 35 años, son el mejor ejemplo de que sólo mayores recursos para la salud mental, atados a un decidido compromiso estatal y social, permitirán que por fin arribemos al 10 de octubre de 2026 con cambios ostensibles y significativos.