Ni dejadez ni sobreprotección

 

Por Juan Salazar 

Le confesé a Paulino, un amigo de la familia a quien solo recuerdo por el apellido, mi anhelo de ver el mar. Tenía cerca de 10 años y solo había visto ese recurso natural en fotografías. Le pidió el permiso a mi padre para hacer ese sueño de niño realidad, y luego de varias insistencias, finalmente consiguió la autorización de la familia.

Pienso ahora que mi padre aceptó porque había escrutado a Paulino con esa rigurosidad implacable que siempre le caracterizó. Así descubrió que era un joven bonachón sin ninguna malicia.

Para mí fue una experiencia inolvidable sentarme a ver el azul del mar Caribe, cerca de la playa de Güibia, sin la basura y contaminación que predominan allí actualmente. Estuve alrededor de una hora, un poco alejado de la orilla, extasiado observando el romper de las impetuosas olas y algunas embarcaciones que navegaban por la zona.

Crecí en un hogar de un padre sobreprotector y una madre cuidadosa, pero más laxa. Ella era la “apagafuegos” cuando en él estallaba su personalidad volcánica.

A mi padre le disgustaba que sus hijos e hijas salieran sin permiso, algo que yo hacía con frecuencia, especialmente para ir a jugar canicas en un enorme patio sin asfaltar de la casa del frente o baloncesto en el Club Los Pioneros, ubicado detrás de la Escuela España, en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional. Me castigaba con frecuencia por eso y en más de una ocasión recibí algunos correazos por mi tozudez.

Pero un día rebasé los límites. Me fui a bañar a escondidas con unos amiguitos a un lugar llamado “La neverita”, una poza natural del río Isabela (también sin la contaminación actual), en el sector La Zurza. Mi padre se enteró y recibí una “pela” épica que se convirtió en un disuasivo para siempre. Lo comprendí en la adultez. Eran otros tiempos en que predominaban los métodos violentos de crianza como castigo. Y fue la indignación de un padre que pudo padecer la enorme pena de ver morir a un hijo ahogado.

Traigo esos recuerdos de mi niñez a colación por una vivencia que tuve la semana pasada, y por el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada en una piscina durante una excursión de su colegio a una villa privada de la ciudad de Santiago.

Con la muerte de Stephora ha salido a relucir si se cumplió el protocolo para la realización de actividades extracurriculares fuera de los planteles, como la organizada por el Colegio Da Vinci, donde ella estudiaba y era una alumna meritoria, razón por la cual fue premiada con esa excursión.

La familia de la menor de edad se ha quejado de la falta de explicaciones sobre el trágico suceso, tanto del centro educativo como del ministerio público a cargo de la investigación en Santiago.

A propósito de este caso, la semana pasada se recordó el de la bebé Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, de apenas cuatro meses, quien hace poco más de un mes murió mientras se encontraba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), también en un centro de Santiago.

Casos como esos deberían, no sólo estremecer la conciencia nacional, sino evitar que terminen en la impunidad, con consecuencias ejemplares, como ocurrió con el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, el 4 de mayo de 1996.

Lo penoso es que sean tan recurrentes en los últimos años casos en que niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia, agresiones sexuales y de asesinatos en el país.

El pasado mes de agosto, también la sociedad se conmovió con la muerte de una niña de siete años, asesinada en el barrio Los Guandules del Distrito Nacional, quien fue sometida a actos de tortura y barbarie por una pareja acusada del crimen.

Cuando se trata de menores de edad, la justicia debe actuar con prontitud y sin detenerse ante arraigos o influencias. Crímenes de esta naturaleza no pueden terminar en un velo de misterio, como ocurrió con la niña Carla Massiel, de 9 años, quien desapareció el 25 de junio de 2015 tras salir de un culto evangélico próximo a su residencia en la comunidad Los García, del municipio Pedro Brand. Su cadáver fue encontrado con múltiples signos de violencia, el 16 de agosto de 2016, en unos terrenos del sector La Cuaba, en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte. Todavía hay interrogantes sobre las motivaciones del crimen.

Un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes ante la violencia en República Dominicana, divulgado en el año 2023 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que durante el período 2018-2022 se registraron 5,643 homicidios intencionales en el país, de los cuales 212 correspondieron a niños, niñas y adolescentes. Siempre he planteado sobre estas muertes que, como los feminicidios, la meta ideal sería llegar a cero casos.

La conclusión más puntual de la investigación fue que la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye un imperativo nacional, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, de la Constitución Dominicana y de la Ley 136-03 o Código del Menor, como piedra angular para el desarrollo del país.

El análisis de Unicef propuso estrategias como cambiar actitudes hacia la violencia en la crianza, vincular programas de protección con educación sexual y de paz, fortalecer el sistema judicial, aumentar los recursos financieros para mejorar la protección integral, especialmente en áreas vulnerables, y reforzar la inspección laboral para combatir el trabajo infantil.

También promover normas que fomenten relaciones no violentas, fortalecer las capacidades comunitarias sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de mejorar la coordinación entre servicios administrativos y judiciales.

La parte que cae fuera del ámbito judicial tiene que ver con la vivencia que mencioné al principio, con una joven bajo mi responsabilidad momentánea y a quien impedí que cometiera una imprudencia que podía comprometer su seguridad personal. Me recriminó por hacerlo y medité al respecto si había atentado contra el libre albedrío a que tiene derecho cada persona.

También evoqué aquellos episodios de mi niñez. Aunque aclaro que finalmente tengo esa influencia de la sobreprotección que me inculcó mi padre y el cuidado con cierta laxitud de mi madre, que me han permitido balancearme entre la rigidez y la tolerancia en la educación de mis hijos.

Le pedí disculpas a la joven, a quien le argumenté que cuando siento un riesgo latente para niños, niñas, adolescentes y personas de su edad, tengo la pésima costumbre de, en el caso de los varones, recordar a los dos hijos que tengo, y cuando se trata de las hembras, a la hija que siempre anhelé tener.

La muerte de la niña Stephora no puede quedar como otra más que estremece en el momento y luego se echa en el saco del olvido. En el ámbito judicial se requiere una respuesta que satisfaga y brinde tranquilidad a los padres.

En cuanto al sector educativo, lamentable que muertes evitables, como la de Stephora, sean el detonante para impulsar cambios drásticos tan necesarios y esperados en escuelas y colegios privados, con respecto al manejo de las actividades extracurriculares fuera de los planteles y, en sentido general, con la convivencia en ese escenario tan vital para la formación ciudadana.

El caso de la niña debería servir de ejemplo para asumir con el debido rigor y responsabilidad la seguridad de nuestros estudiantes, dentro y fuera de los centros educativos. Hay incluso escuelas y liceos ubicados en zonas vulnerables, donde los alumnos enfrentan diversos riesgos para acceder a los planteles, agravados cuando el país resulta afectado por temporales.

Y, finalmente a los padres y madres, que jamás pierdan el celo cuando se trata de la seguridad de sus hijos, pero sin caer en los maltratos físicos que deben ser desterrados definitivamente de la educación hogareña.

Ni dejadez ni sobreprotección, para garantizarles a niños y niñas una vida libre de violencia, abusos, negligencias y otras prácticas perjudiciales que menoscaben su sano desarrollo físico y emocional.